"La presidenta nos había pedido ni bien asumió, que liquidásemos LAFSA en el menor tiempo posible, porque no tenía sentido seguir sosteniéndola generando gasto al Estado", explicó Schiavi a Télam.
Remarcó que "eso fue lo que hicimos, sin que significase una pérdida para el Estado y sin afectar a los trabajadores, ya que los que habían continuado sus tareas fueron reubicados en otras dependencias del gobierno y los que no aceptaron la reubicación, fueron indemnizados".
Schiavi apuntó finalmente que "procuramos responder en la medida de lo posible, de la forma más perentoria y ahora hay que esperar que el proceso siga su curso de la manera correspondiente".
El Gobierno declaró en estado de disolución y consecuente liquidación a la empresa LAFSA, según el decreto 1672 publicado hoy en el Boletín Oficial, mediante el cual se designó como liquidador el ingeniero José Alberto Bidart.
El proceso de liquidación se desarrollará en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y tendrá un plazo de 180 días contados a partir de la inscripción en la Inspección General de Justicia.
La empresa convocará dentro de los 60 días del dictado del presente decreto a Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con el fin de disponer la disolución, liquidación y aprobación del nombramiento del liquidador mencionado. (Télam).-
