Diputados chilenos aprueban acusación constitucional a ministro de Educación

Diputados chilenos aprueban acusación constitucional a ministro de Educación

Santiago de Chile, 4 abr (EFE).- La Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, a quién la oposición señaló de no haber fiscalizado el lucro en las universidades privadas y de faltas a la probidad.

Uno de los casos que detonó la acusación fue el relacionado con la Universidad del Mar, a la que el estatal Consejo Nacional de Educación (CNED), tras detectar graves irregularidades financieras y académicas, le canceló en octubre pasado la personalidad jurídica dejando a 17.000 estudiantes en la incertidumbre sobre su futuro.

Casos similares descubiertos en otras universidades, obligaron al presidente Sebastián Piñera a asegurar, a fines del año pasado, que su Gobierno tomaría las medidas necesarias para proteger la calidad de la educación superior, aunque ello significara cerrar algunas universidades.

Piñera, que acudió hoy hasta el domicilio de Beyer, señaló a los periodistas que "hoy se ha cometido una tremenda injusticia". La acusación responde "a pecados que la misma Concertación (opositora) cometió", sostuvo.

El mandatario señaló que la decisión de la Cámara de Diputados "es una derrota para la educación en Chile y un triunfo para la injusticia y la demagogia".

Piñera manifestó su confianza de que el Senado, que actuará ahora como jurado de la acusación, lo haga con mayor serenidad y mayor justicia.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la acusación por 58 votos a 56, en una votación cuyo resultado se mantuvo en suspenso hasta el final y se resolvió por el voto del diputado independiente René Alinco, quien finalmente se pronunció a favor de la acusación.

De esta forma, y de acuerdo a la Constitución, Beyer quedó suspendido de sus funciones, a la espera del pronunciamiento del Senado, donde la oposición tiene mayoría.

La sesión de los diputados se extendió por tres horas y Beyer, un experto en educación que en el pasado asesoró a Gobiernos de la actual oposición, estuvo acompañado por los ministros del Interior, Andrés Chadwick, de la Presidencia, Cristián Larroulet, y por la ministra portavoz, Cecilia Pérez.

Tras la reunión, Beyer afirmó que la acusación, "lo único que hace es mostrar la peor cara de la política. Esto es politiquería, esto no es serio, después de 20 años que no se ha fiscalizado adecuadamente (a las universidades)".

"Yo espero que el Senado actúe con altura de miras. Eso es lo que uno espera del Senado, que no incurra en la misma politiquería que hemos visto. Yo espero del Senado una mayor sensatez", concluyó.

La finalidad de la acusación constitucional es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, particularmente de los más altos cargos o autoridades, que se realiza ante el Parlamento o Congreso.

"Fueron ellos (la oposición) los que durante 20 años nunca fiscalizaron y que constantemente dieron la espalda a los estudiantes chilenos", comentó en tanto la portavoz Cecilia Pérez.

Agregó que la "politiquería" vista en el Congreso "es la del peor nivel, la bajeza más grande que se pueda dar dentro de la clase política" y llamó al Senado a revertir esta situación y rechazar la acusación, para "reivindicar" a la política.

En los últimos dos años, miles de estudiantes y profesores han salido a las calles de Chile a protestar por el alto costo de la educación y el lucro en la educación superior.

La dictadura militar (1973-1990) abrió la educación al sector privado y, aunque los Gobiernos de la Concertación introdujeron algunas reformas, el modelo básicamente no ha cambiado.

Aunque la norma establece que las universidades son corporaciones sin fines de lucro, en la práctica obtienen beneficios tributarios, subsidios y, en ocasiones, beneficios procedentes de negocios paralelos montados gracias a subterfugios legales.

Para acceder a las universidades, los estudiantes chilenos disponen de escasas becas, por lo que muchas veces se endeudan contrayendo préstamos que deben devolver una vez que empiezan a trabajar, una situación que se puede prolongar hasta por quince años.

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