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Los cinco nudos del proceso de paz en Colombia

El gobierno y las FARC inician formalmente negociaciones para poner fin al conflicto armado. Sin embargo, tendrán que llegar a acuerdos en cinco temas clave. BBC Mundo le cuenta cuáles podrían ser los principales obstáculos.


Los cinco nudos del proceso de paz en Colombia

"Marcha a favor de la paz en Colombia"

Más de diez años después del fin de los diálogos de paz de San Vicente del Caguán, el gobierno de colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se aprestan iniciar nuevas conversaciones con el objetivo de poner fin al conflicto armado que lleva casi cinco décadas.

Una diferencia fundamental con procesos anteriores es que la agenda por primera vez incluye de manera explícita el tema de la entrega de las armas.

Pero, en total, son cinco los temas que serán abordados por el gobierno y los rebeldes en la mesa de negociaciones que se instala este jueves en Oslo, Noruega, para luego trasladarse a La Habana, Cuba.

¿Cuáles son?, ¿por qué importan? y ¿cuáles podrían ser los principales obstáculos en el camino hacia la paz?

BBC Mundo se lo cuenta. Haga clic en las pestañas de la izquierda.

Desarrollo Rural

Café de Colombia

"Café de Colombia"

El acuerdo preliminar 'para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera', suscrito por las FARC y el gobierno colombiano el 26 de agosto pasado en La Habana, tiene como primer punto de agenda el 'desarrollo agrario integral', que será el tema con el que arrancará el diálogo.

Y es que, después de todo, el tema de la tenencia de la tierra está en la base del conflicto armado colombiano: las mismas FARC nacieron a partir de un grupo de autodefensa campesina constituido en 1964, y el despojos masivo de tierras han sido una de las constantes de un conflicto que ha dejado casi cuatro millones de desplazados.

Además, Colombia continúa siendo uno de los países más desiguales de todo el planeta en lo que a la tenencia de la tierra se refiere, pues según un reciente informe de Naciones Unidas el 52% de la gran propiedad está en manos de apenas el 1,15% de sus habitantes.

Aunque ese es un problema ya ha sido reconocido por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

'Hay un acuerdo en Colombia, entre muchos sectores -con excepción del latifundio tradicional- de que hay que cambiar el modelo', le dijo a BBC Mundo Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (COHDES).

Pero, según Romero, mientras que el actual gobierno apuesta por un modelo agroindustrial que permita aprovechar las oportunidades generadas por los tratados de libre comercio, la guerrilla reclama redistribución de la tierra y apoyo para el campesinado.

Así las cosas, la paz en Colombia requerirá de políticas de desarrollo rural que puedan potenciar la agroindustria sin sacrificar la economía campesina y los proyectos de desarrollo alternativos de las comunidades que a menudo se sienten amenazas por las 'locomotoras del desarrollo' impulsadas por el gobierno de Juan Manuel Santos.

Y Romero considera que, aunque difícil, un principio de acuerdo sobre el tema es ciertamente viable.

Una indicación en ese sentido podría ser la decisión del gobierno de congelar el proceso de aprobación de un proyecto de ley de Desarrollo Rural.

El objetivo: poder eventualmente integrar a la propuesta lo que se acuerde en las conversaciones de paz.

Participación política

Marcha contra las FARC en Colombia

"Marcha contra las FARC en Colombia"

Este es sin lugar a dudas el tema más polémico de toda la agenda y el que más rechazo ha generado entre los colombianos.

Según las encuestas, al menos siete de cada diez ciudadanos se oponen a la eventual participación de los líderes de las FARC en futuros procesos electorales, aunque el presidente Juan Manuel Santos ya advirtió que en nombre de la paz habrá que 'tragarse algunos sapos'.

'No se les puede pedir a la FARC que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas. No lo harán. Debe existir una salida, y esta salida debe permitirles participar en la arena política', dijo recientemente el mandatario.

En este tema, las primeras dificultades serán de tipo legal, pues la legislación colombiana veta la entrada en la arena política de quienes hayan sido requeridos por la justicia.

Y si los obstáculos locales son superados a través de una amnistía o algún otro acto legislativo, como la reglamentación del denominado Marco para la Paz, los guerrilleros todavía podrían tener que hacer frente a requerimientos internacionales.

Es por eso que el tema de la extradición ya fue puesto en la mesa por los delegados rebeldes, que saben que muchos de sus líderes son pedidos por Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico.

Y la cosa se complica más todavía cuando hay acusaciones de crímenes de guerra y otros delitos graves.

'Uno supondría , por lo que está más o menos dicho en el marco legal, que habría algún mecanismo de selección de los principales responsables de las más graves violaciones a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario y alguna penalización', le dijo a BBC Mundo María Victoria Llorente, directora de la fundación Ideas para la Paz.

'Pero, ¿cuál penalización? Con los paramilitares la pena máxima fue de cuatro a ocho años (de prisión). Pero ya el ELN y las FARC hace poquito sacaron un comunicado diciendo que ni un día en la cárcel', agregó.

La otra cara de la moneda es la necesidad de garantías 'para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego del Acuerdo Final', que hace parte de la agenda.

El acuerdo preliminar de La Habana menciona específicamente el tema del acceso a los medios de comunicación.

Pero el problema arranca con las amenazas a la integridad física que en Colombia siempre han sufrido quienes ondean banderas políticas similares a las reivindicadas por la guerrilla, por lo que la capacidad del gobierno para ofrecer verdaderas garantías de seguridad será fundamental.

Desmovilización

Combatientes de las FARC

"Combatientes de las FARC"

El tercer tema del acuerdo preliminar refiere al 'cese del fuego y hostilidades bilaterales y definitivo', 'la dejación de las armas' y la reincorporación de los combatientes de las FARC a la vida civil 'de acuerdo a sus intereses'.

Y aunque muchos asumen que este debería ser el último tema en ser discutido -pues la desmovilización de los guerrilleros dependerá de los avances en los otros puntos de la agenda- las FARC ya han hecho saber que intentarán acordar un cese del fuego desde el principio del diálogo.

La posición del presidente Juan Manuel Santos, por lo pronto, es que las operaciones militares continuarán hasta que un acuerdo definitivo haya sido alcanzado.

Pero algunos analistas han llamado a buscar acuerdos específicos que permitan ir reduciendo paulatinamente la intensidad del conflicto y sirvan para confirmar la buena voluntad de las partes.

Como parte de este tema, el acuerdo preliminar de La Habana también dice que el gobierno colombiano 'intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo' y, en particular 'contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos'.

Y no hay que descartar que ante la amenaza de las bandas criminales de origen paramilitar que operan en muchas partes de Colombia los rebeldes quieran comprometerse a bajar las armas, pero no necesariamente a entregarlas.

'Yo no se si va a haber entrega de armas. O si va a haber una desmovilización en distintas regiones del país', le dijo a BBC Mundo Mauricio Romero, de la Fundación Nuevo Arcoiris y la Universidad Javeriana.

'Por ejemplo, en Irlanda, el IRA (Ejército republicano Irlandés) nunca entregó las armas ni hubo ceremonia de desmovilización. Lo que hubo fue una comisión internacional que se cercioró de que estas no pudieran volver a utilizarse', recordó.

Y aunque los negociadores de la guerrilla han dicho que no existen divisiones a lo interno del grupo insurgente, tampoco se puede descartar que en caso de alcanzarse un acuerdo surjan facciones que se rehúsen a reconocerlo o se constituyan abiertamente en bandas dedicadas exclusivamente al narcotráfico.

Narcotráfico

Erradicando un plantío de coca en Nariño, Colombia

"Erradicando un plantío de coca en Nariño, Colombia"

El cuarto punto de la agenda es 'la solución al problema de las drogas ilícitas', que se han convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de las FARC.

Hace algunos años, el jefe de la división antinarcóticos de la Policía Colombiana, César Pinzón, afirmó que el grupo guerrillero se había convertido 'el gran cartel que controla los laboratorios en la selva y maneja las rutas de salida de la droga en el país'.

Las FARC, sin embargo, lo niegan, sosteniendo que se limitan a cobrar 'un impuesto en las áreas donde se produce la coca' a los comerciantes que 'entran a vender y a comprar la coca ahí para la reventa'.

'Pero la cuestión del tráfico, las cadenas de la producción, procesamiento o exportación, no la tenemos', afirmó recientemente Rodrigo Granda, uno de los delegados rebeldes a la mesa de negociación.

En cualquier caso, el del tráfico de drogas es un problema complejo que difícilmente encontrará su solución en las conversaciones de paz.

'En el tema del narcotráfico lo que uno supone es que seguramente habrá alguna declaración general sobre la (necesidad de una) revisión internacional de la lucha contra las drogas, pero lo sustancioso seguramente va a estar en el tema de los cultivos ilícitos', le dijo a BBC Mundo María Victoria Llorente, directora de la fundación Ideas para la Paz.

'Y eso lo lleva a uno al tema de desarrollo alternativo, lo que está completamente atado con el tema de desarrollo rural', explicó la analista, para quien esto es un ejemplo de la estrecha relación de los diferentes puntos de la agenda de negociación.

Lo mismo opina Mauricio Romero, de la Universidad Javeriana y la Fundación Nuevo Arcoiris, para quien un posible acuerdo tendría que pasar por una reorganización de los denominados 'planes de consolidación', con los que se busca garantizar la presencia del estado en las zonas de influencia de la guerrilla, pero empezando siempre por el componente militar.

'Ahora tendrían la oportunidad realmente de desplegarse en toda su potencialidad, de convertirse en un instrumento de construcción de paz', le dijo Romero a BBC Mundo.

'Como ya no estaría el enemigo armado para derrotar, todos esos recursos se podrían canalizar hacia proyectos de inversión en infraestructura y proyectos productivos. Eso le daría una dimensión importantísima ya no como lucha contra el narcotráfico sino de desarrollo regional', explicó.

Más allá de posibles acuerdos formales, sin embrago, en la práctica el gran reto en buena medida pasa por poder ofrecer a los involucrados en el narcotráfico alternativas lo suficientemente atractivas como para renunciar a un negocio que genera grandes ganancias.

Pero al menos las FARC y el presidente Juan Manuel Santos ya han demostrado en los últimos tiempos que están de acuerdo en algo: en que la solución real al problema requiere de una revisión de la actual 'guerra contra las drogas'.

Víctimas

Protesta por los desaprecidos de las FARC

"Protesta por los desaprecidos de las FARC"

El tema de los derechos de las víctimas del conflicto es el último de los cinco puntos de agenda acordada en La Habana.

'Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional -FARC-EP. En ese sentido se tratarán: (1) Derechos humanos de las víctimas y (2) Verdad', se lee en el texto original.

Pero es lo que no está mencionado en el documento lo que hace que este sea un tema tremendamente espinoso, estrechamente conectado con otros puntos de la agenda como la participación política y el desarrollo rural.

'Los derechos de las víctimas son el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Este documento no habla en ningún lado de reparación ni de justicia', le dijo a BBC Mundo Rafael Guarín, exviceministro de Defensa de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe y experto en temas de política y seguridad.

'Y no lo habla por lo siguiente: porque las FARC evidentemente quieren impunidad total (...) Y porque la reparación, consideran, debe hacerse con base en la Ley de Víctimas, que garantiza la reparación (por parte del estado) aun cuando las violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario sean cometidas por las FARC'.

Críticos del proceso, como Guarín, argumentan sin embargo que una paz verdaderamente sostenible no puede conseguirse a cambio de impunidad.

Pero antes de llegar al tema de la justicia el primer reto será lograr ponerse de acuerdo sobre la verdad.

Muchos colombianos, por ejemplo, reaccionaron indignados cuando, en el camino hacia Oslo las FARC dijeron que ellas se consideran a sí mismas víctimas del conflicto.

Y según el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el 38% de las demandas de restitución de tierras hechas por víctimas del conflicto provienen de personas desplazadas por la guerrilla, la que le habría sacado partido a la situación.

El presidente Santos, sin embargo, ya advirtió que los predios usurpados por las FARC también serán devueltos a sus legítimos propietarios en el marco de la Ley de Víctimas.

Y la gran pregunta es cómo logrará Colombia garantizar los derechos de las víctimas de atrocidades y violaciones del Derecho Internacional Humanitario sin que eso sea un obstáculo infranqueable en el camino a la paz.

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2Comentarios
7, nov., 2012 9:09p. m.
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Sr Santos a usted  todo el que quiere le mama gallo? y no lo digo por ojeriza  haga un repaso  durante su ya largo período de mandato y ahí encontrará la larga lista ........Y  de casualidad escucho el rap  de sus contertulios.
6, nov., 2012 10:32p. m.
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"De buenas intenciones está lleno el mundo"
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