A 17 uniformados heridos subió este domingo el balance del gobierno boliviano de una emboscada a una unidad erradicadora de coca por campesinos al norte de La Paz, donde hay además otros ocho uniformados de rehenes, en un incidente que dejó el sábado un muerto.

"Tenemos una lista de 17 personas heridas, de las cuales 12 han sido heridas por armas de fuego", informó el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, entrevistado por la red de medios gubernamentales, y mencionó que "dos son de gravedad".

Un primer balance, difundido el sábado, mencionaba un muerto y ocho heridos de bala y golpes.

Además, "hay ocho personas que están en condiciones de secuestradas, entre policías y militares, como rehenes de esta organización criminal", complementó la autoridad, sobre el incidente que se registró el sábado en la región de Apolo, 410 km al norte de La Paz.

Romero indicó que "fue un crimen de magnitud, es prácticamente una masacre lo que se ha querido cometer" y que el incidente fue "una emboscada" con fusiles máuser y carabinas.

La emboscada fue perpetrada -según la autoridad- por campesinos que resisten la erradicación de cultivos de coca que realizan a mano militares y policías que integran la combinada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

La fuerza antidroga estaba compuesta por 135 efectivos militares y 40 policías, según informe oficial.

Unos 750 cocaleros estarían oponiéndose a la erradicación de la planta, materia prima para fabricar cocaína.

El ministro Romero también manifestó que "presumimos que hay conexión con extranjeros y peruanos", pues la zona es cercana a la frontera con Perú, conde hay comercio de droga, por el escaso control policial, en una zona en las puertas de ingreso a la Amazonia.

En Bolivia hay 25.300 hectáreas de coca -según las Naciones Unidas- de las que sólo unas 12.000 son de uso legal, para el mascado e infusión, de acuerdo a la ley antidroga.

Las plantaciones legales de coca en la zona de Apolo no deben exceder las 280 hectáreas, aunque no hay precisión sobre cuánta es la ilegal.

El ministro Romero dijo que se ha desplazado a militares y policías para retomar el control y recuperar a los ocho uniformados que están de rehenes.

Un dirigente de los cocaleros, Hernán Salas, contrastó el sábado la versión oficial, pues aseguró que los uniformados "lamentablemente casa por casa han destruido, han gasificado a niños, a personas mayores (..), ha habido enfrentamiento y un saldo fatal".

Negó que su sector haya sido el autor de la muerte del uniformado y de las lesiones de los otros.